La lucha contra la corrupción no es sólo responsabilidad del sector público. Ciudadanos, organizaciones de todo tipo y sociedades mercantiles deben implicarse en la batalla contra esta lacra que afecta al conjunto de la sociedad. Es un avance positivo que algunas empresas privadas comiencen a contribuir en este empeño, incluyendo dentro de sus buenas prácticas de gobierno corporativo políticas anticorrupción y objetivos de transparencia. El gobierno de la información contribuye de forma esencial al logro de estos objetivos.