Se cuestiona la idoneidad de incluir la política de gestión documental en el marco regulador del Esquema Nacional de Interoperabilidad, quedando ésta reducida a una mera cuestión técnica, y limitada a los documentos electrónicos. Tratándose de una cuestión estratégica, de importancia clave en el avance hacia la e-Administración, debería reformularse en los términos de una verdadera política, coordinada y planificada, que impulse la desaparición del papel.