Informe CORA: impulso a la simplificación de documentos y al expediente electrónico

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El pasado 19 de junio se presentó el informe encargado por el Gobierno a la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), y que fue asumido por el propio Gobierno en el consejo de ministros celebrado el 21 de junio. En ese mismo consejo se aprobó la simplificación de 63 trámites, con un ahorro de 478 millones para ciudadanos y empresas, así como la creación de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, medidas ambas contempladas en el informe. Entre las 237 propuestas realizadas por la Comisión, hay numerosas iniciativas relacionadas con la información y la documentación en las administraciones públicas, algunas de considerable alcance.

Entre las propuestas que más atención han recibido se encuentra la creación de una nueva Agencia TIC, encabezada por un Chief Information Officer (CIO), quien estará a cargo de elaborar la estrategia TIC de la Administración General Española (AGE). Este nuevo organismo estará a cargo de consolidar las infraestructuras y servicios tecnológicos, y estandarizarlos en la mayor medida posible para así fomentar su uso e incrementar la calidad de los servicios prestados. Esta agencia central puede facilitar procesos como los de mejora de la conexión de bases de datos a todos los niveles de la administración, algo imprescindible para mejorar el conocimiento de los expedientes tramitados en todos los ámbitos, especialmente en el judicial.

Sin embargo, una de las propuestas de mayor calado es la integración de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC) y la de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP). La falta de armonización de ambas disposiciones, se ha traducido en problemas habituales en los procesos, como “la acreditación de la identidad de los participantes (firma y certificados electrónicos), su iniciación (validez de los registros electrónicos), la documentación de los mismos (validez de las transmisiones de datos frente a los documentos soporte) o su terminación (notificaciones electrónicas y su obligatoriedad)”.

También es significativa la propuesta de elaboración de un Manual de Reducción de Cargas Administrativas, así como la implantación de sistemas de medición de la productividad y eficiencia que permitan medir el tiempo real y óptimo de la tramitación de los expedientes.  Una vez la nueva metodología sea aplicada, la administración publicará no solo el tiempo legal del procedimiento, sino el tiempo estimado real del mismo. El manual contendrá además una metodología común para identificar las cargas administrativas “(documentos de los que se puede prescindir para que los interesados inicien o tramiten un procedimiento; posibilidad de exigir la documentación sólo al adjudicatario o beneficiario final y no a todos los interesados; firma electrónica reconocida según principios de proporcionalidad…).”

En cuanto a propuestas vinculadas a la relación directa con el ciudadano, la más significativa es el desarrollo de un “auténtico” Punto de Acceso General a la administración, desde donde se podrán realizar los trámites más relevantes, y desde el cual se podrá obtener información horizontal que ahora se encuentra dispersa en multitud de portales. Este sistema funcionará en paralelo a un “B.O.E. a la carta,” en el que cada usuario podrá personalizar la información que desea recibir relacionada con un asunto concreto, al tiempo que se facilitarán las búsquedas convencionales. También se propone la extensión de la notificación electrónica, mucho más económica que la notificación en papel, potenciando el uso de la Dirección Electrónica. En paralelo, se propone fomentar el uso de la factura electrónica, tanto en el sector privado y como el público. Se propone también la unificación y simplificación de los sistemas de autenticación no avanzados, así como los de identificación y firma electrónica admitidos por la AEAT, con el fin de simplificar y fomentar el acceso de los ciudadanos.

Entre las propuestas  funcionales destaca la implantación de un nuevo expediente judicial electrónico (NEJE) en la Audiencia Nacional y en la Sala de lo social del Tribunal Supremo. Este sistema sustituiría al implantado en el 2011 y fomentaría la presentación electrónica de escritos. También se propone la tramitación electrónica de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios, que e el caso de los nacimientos pasarían a funcionar como ventanillas únicas, mientras que en el caso de los fallecimientos se limitarán a transmitir a los registros el hecho. Por último, destacar la propuesta de implantación de la historia clínica digital interoperable (HDC), que integra la información clínica y de gestión relativa al paciente y a disposición de los diversos profesionales sanitarios a los que esté a cargo durante el proceso asistencial.

En relación a las ayudas a las empresas también se ofrecen propuestas concretas. Por ejemplo, en materia de subvenciones se propone flexibilizar los tramites administrativos en un contexto de una mayor interconexión de bases de datos nacionales, así como la reducción en las cargas relacionadas con la presentación de documentación para solicitar ayudas a la I+D+i. También se propone simplificar y reducir las cargas administrativas en el ámbito de los procedimientos medioambientales, así como la creación de la ventanilla única aduanera, unificando y refundiendo formularios y minimizando la documentación en papel relacionada con el comercio exterior. También cabe destacar que se simplificará y se hará íntegramente electrónico el procedimiento de homologación de vehículos.

El texto completo del informe se puede descargar de la siguiente dirección:

http://bit.ly/InformeCora

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